Autoridad Portuaria de Manta en correcta aplicación de la seguridad jurídica en el puerto, procedió bajo el marco de la ley y del contrato de concesión a solicitar a los jueces civiles competentes una continuidad o prorroga de la intervención del puerto de Manta para garantizar las normales operaciones del mismo, petición que fue dispuesta por la juez XXI de lo civil de Manabí, en vista de que el 28 de Febrero se cumple el año para la vigencia de la intervención, mecanismo que se entenderá únicamente hasta que exista el pronunciamiento del Procurador General del Estado Dr. Diego García, hecho que definiría la firma del acuerdo mutuo que finiquite la participación de Hutchinson en el contrato de concesión; o en su defecto de no ser el informe favorable, proceder a la terminación del contrato y ejecución de la garantía, mecanismo que es parte de las medidas legales que constan entre las alternativas propuestas por Autoridad Portuaria de Manta. Con la providencia ordenada por la juez competente, el puerto se mantendrá con la figura de intervención hasta la toma final de decisiones.

Este último miércoles la Presidenta de APM Lucia Fernandez, el Gerente Leonardo Bowen y Helive Angulo, Asesor Jurídico de la entidad portuaria mantuvieron una importante reunión de trabajo en Quito con el Procurador General del Estado y representantes de Hutchinson, en la que solicitaron que el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación en torno al finiquito de concesión del puerto de Manta, sea en el menor tiempo posible a fin de aclarar el futuro del Puerto, tema que merece una resolución definitiva, a criterio de Fernandez.

La Presidenta de APM aseguró que mediante el acuerdo legal propuesto con Hutchinson, no concluye el contrato de Concesión, lo que hace es que se finiquita la participación de Hutchinson como empresa beneficiaria del Contrato, pero se mantiene el modelo de gestión, es decir el contrato de Concesión sigue vigente, las acciones de la sociedad de TIDE, serán transferidas a un Fideicomiso constituido con la Corporación Financiera Nacional y una vez que la Procuraduría General del Estado, autorice la firma del documento, se pondrá en marcha una estrategia comercial, técnica y jurídica para promover la transferencia tanto de las acciones de la sociedad vehículo y del Contrato de Concesión, dijo Fernandez.